Por Pablo LLanquilef Durán
Investigador Asociado CEIN
Universidad de Concepción
I. Aspectos Generales
A estas alturas nos es difícil recordar cuantas veces se ha discutido el tema de las uniones civiles, sea orientado hacia el concubinato o hacia la regulación de las uniones entre personas del mismo sexo. Todas esas iniciativas infértiles[1] compartieron un denominador común: eran iniciativas emanadas del Congreso. Y no solo eso. Muchas de ellas eran de paupérrima técnica jurídica y no se molestaban en ocultar el evidente oportunismo político que les motivaba.[2]
El boletín N° 7873-07 que contiene un Proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja[3] , rompe con la línea de los proyectos a que aludimos en el párrafo anterior. Es la primera iniciativa “del ejecutivo” en la materia y además, es de las pocas que pareciere lograr un grado de aprobación socio-política suficiente para transformarse en ley. Más sorprendente aún, es el hecho de que el gobierno que presenta esta iniciativa fuere la fuerza político-social que históricamente se ha opuesto a este tipo de regulación. Ello es un antecedente importante, que revela cuan fuerte ha penetrado esta problemática y cuan imprescindible se ha hecho para cualquier movimiento político analizarla seriamente y dar una respuesta a través de la ley, sea que esta cumpla o no a cabalidad con lo que los afectados pretenden o lo que la sociedad quiere, intenciones que no necesariamente concuerdan.
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