Ahora bien, tal como fomentamos a quienes se inician en el ámbito de la investigación jurídica, como Centro de Estudios creemos necesario y justo, reconocer a quienes, antes que nosotros han recorrido este camino: el de apoyo a la difusión y promoción de la investigación, tanto por su propia trayectoria de calidad en el campo del trabajo jurídico, como por incentivar y acompañar a estudiantes que se inician en la investigación.

Es por esto que nuestro centro de estudios, ya ha entregado este premio en dos ocasiones, el año 2010 a Don Raúl Bertelsen Repetto, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, y actual Presidente del Tribunal Constitucional de Chile. Y en el año recién pasado, este reconocimiento fue otorgado a Don Jorge López Santa María, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Doctor por la Universidad de París.

Esperamos que este reconocimiento a quienes han fomentado y cultivado la investigación tanto en profesores como alumnos se siga entregando a otros destacados abogados.

Las obras fueron presentadas, respectivamente, por Eduardo Morales, Defensor Público Regional, y María Cecilia Ramírez, directora de la Unidad Especializada de Responsabilidad Adolescente y Delitos de Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público.

DIEZ TRABAJOS

Asimismo, el centro presentó el cuarto número de su homónima revista de estudios, que esta vez consta de dos secciones, “Estudios” y “Comentarios bibliográficos e informes”.

Los ochos trabajos de la primera sección tratan temas como el régimen jurídico aplicable a los residuos peligrosos en Chile; la naturaleza del ‘derecho subjetivo’ y su proyección en la noción ‘derechos fundamentales’; la legitimidad democrática de la decisión judicial; la relación entre los conceptos de Estado, derecho y libertad en el pensamiento jurídico-filosófico de Kant y Hegel; y el problema de la información en el mercado de valores y los inconvenientes del regulador para sancionarlos, entre otros.

En la segunda sección, “Comentarios bibliográficos e informes”, se publican dos trabajos: “Consideraciones en torno al nacimiento de la ‘buena fe’: relación con la religión y el derecho internacional romano”, y una recensión de la obra “Consideraciones sobre la prueba judicial”.

RECONOCIMIENTO A UN GRAN JURISTA

El acto también sirvió para reconocer a un destacado jurista. Ius Novum entregó, por segundo año consecutivo, el Premio “Apoyo a la promoción y difusión de la investigación jurídica”, que en esta ocasión recayó en Jorge López Santa María, abogado PUCV y ex profesor de su Escuela de Derecho.

Tal como promovemos a quienes se inician en la investigación jurídica, como centro de estudios creemos necesario y justo reconocer a quienes, antes que nosotros, han recorrido este camino: el de apoyo a la difusión y promoción de la investigación, tanto por su trayectoria de calidad en el campo del trabajo jurídico como por incentivar y acompañar a estudiantes que se inician en la investigación , explicó el director de Ius Novum, el alumno de quinto año Diego Hormazábal.

Doctor en Derecho por la Universidad de París, Jorge López Santa María ha ejercido como juez árbitro en Europa y ha dedicado varias décadas a la academia. Su obra más renombrada es Los contratos. Parte general , texto de referencia nacional en el derecho civil.

De este modo, Ius Novum demostró que avanza firmemente hacia la consolidación como un centro promotor y difusor de la investigación jurídica a nivel estudiantil, a la vez que una organización estable, permanente y abierta a los futuros abogados no sólo de la PUCV sino también de Chile y el extranjero.

Además será el lanzamiento de los dos últimos números de la Colección Nuevos Autores de Ius Novum: “Delitos de emprendimiento en el Código Tributario” de Agustina Alvarado Urizar y “La consumación en el delito de Hurto” de Juan Sebastián Vera Sánchez. Los libros serán presentados respectivamente por Eduardo Morales Espinosa, Defensor Publico Regional y por Maria Cecilia Ramirez, Directora de Unidad de la Fiscalia Nacional

Finalmente entregaremos el reconocimiento “Apoyo a la promoción y difusión de la investigación juridica” año 2011 al Prof. Dr. Jorge López Santa María

Al concluir el evento se ofrecerá un vino de honor para los asistentes

En este marco, se convoca a los estudiantes de Derecho a presentar trabajos originales concernientes a la judicatura que serán evaluados por la comisión organizadora, y aquellos que resulten seleccionados serán expuestos en salas, organizadas según ejes temáticos.

La inscripción y envío de trabajos deberá efectuarse al correo electrónico congreso.derechodelajudicatura@gmail.com.

Plazo final para la recepción de trabajos: jueves 15 de septiembre de 2011

Más información en http://www.congresojudicatura.pucv.cl/

Los alumnos que participen deberán elaborar la ponencia o trabajo que participará del concurso ya indicado y que se incluirá, automáticamente, en el cuarto número de la Revista de Estudios Ius Novum.

¡NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR DE UNA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE DERECHO Y CONTAR CON TU PRIMERA PUBLICACIÓN EN UNA REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS!

Envíanos tu postulación a iusnovum@gmail.com

Reglamento de la Competencia

Resolución de Convocatoria

Junto a autoridades de la Facultad y de la Escuela de Derecho, profesores y estudiantes, el director ejecutivo del centro, el alumno de cuarto año Diego Hormazábal, destacó el proceso de consolidación e institucionalización de la entidad. “Esto se debe, de modo importante, a la sistemática publicación de la revista y a la apertura de ésta a otras universidades. De hecho, en la convocatoria del tercer número participaron autores de más de diez instituciones del país y el exterior”.

Según detalló Hormazábal, en esta ocasión se contempla nueve trabajos, sobre materias de derecho constitucional, derecho del trabajo, derecho procesal civil, derecho urbanístico, derecho marítimo y derecho penal. A esta última rama pertenece el primer artículo proveniente de una universidad extranjera, en el cual un alumno de la Universidad de Buenos Aires plantea su posición acerca de la interrogante “bien jurídico o la vigencia de la norma”.

también se lanzó oficialmente el libro “Régimen jurídico ambiental de los proyectos hidroeléctricos”, del abogado formado en Derecho PUCV Ignacio Díaz. La obra, que fue presentada por el profesor de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental Jorge Bermúdez, fue considerada por éste un sistemático, analítico y completo trabajo sobre un tema de gran relevancia para el país, dado el potencial hídrico que éste posee y la inexistencia de libros que aborden específicamente el aspecto jurídico-ambiental de los proyectos eléctricos.

Y dado que Ius Novum es una iniciativa que impulsa la investigación entre los futuros abogados y los recién egresados y licenciados, el centro de estudios quiso instituir el reconocimiento “Apoyo a la promoción y difusión de la investigación jurídica”.

En esta primera oportunidad, la distinción le fue entregada a Raúl Bertelsen, académico de la Universidad de los Andes, ministro del Tribunal Constitucional y ex profesor de la Escuela de Derecho PUCV.

Bertelsen, licenciado en Ciencias Jurídicas por este plantel y ex rector de la institución porteña, manifestó su alegría al ser reconocido por alumnos de su alma máter, al tiempo que felicitó el entusiasmo del equipo encargado de Ius Novum.

El autor del libro “Control de constitucionalidad de la ley” y coautor de “Régimen de gobierno en Chile: ¿presidencialismo o parlamentarismo?, 1925-1973”, congratuló también el rigor y la apertura con que se investiga y se impulsa la investigación en el centro de estudios formado por alumnos de Derecho PUCV: “destaco que se abra a otras universidades y estudiantes de Derecho, lo que confirma el espíritu de colaboración que se vive en esta escuela, y el rigor del trabajo efectuado, que es imprescindible si hablamos de investigación jurídica”.

El constitucionalista recordó con satisfacción su paso por las aulas de Derecho PUCV y resaltó que siempre habla con orgullo de la enseñanza de calidad que recibió en esta escuela.

Por Alvaro Dominguez Montoya
Investigador Asociado CEIN
Universidad de Concepción.

El pasado 5 de agosto en el norte de Chile, cerca de Copiapó en la mina San José, 33 mineros quedaron atrapados. Tal tragedia, sin duda alguna, abrió espacio al debate respecto a la labor y función de los organismos fiscalizadores, pero a su vez dejó en evidencia la gran responsabilidad que tienen las empresas de velar para que  las condiciones mínimas de seguridad se cumplan, sacando a relucir el precario escenario de la normativa laboral en materia de seguridad.

Me viene a cuento un concepto difuso que sin duda hoy se encuentra en boga dentro de los círculos más liberales: la flexibilidad laboral[1]. Este término alude, en general, a una visión crítica de las normas jurídicas sobre el trabajo asalariado, demandando mayores esfuerzos para facilitar la cada vez más “necesaria adaptabilidad de la empresa” en un contexto de permanente aumento en la competitividad y producción. De allí que se aluda una y otra vez a la flexibilidad como un concepto mesiánico de solución a los conflictos sociales, abogando por una mayor desregulación y desprotección del trabajo.

Es necesario recalcar que la flexibilidad laboral lleva consigo la precarización del  empleo, esto es, la “pérdida  paulatina de los derechos laborales reconocidos legalmente a  favor de los trabajadores, convirtiéndose así en forma de empleos desprotegidos o de mala calidad”.[2]

En el caso de San José, los hechos hablan por sí mismos: la flexibilidad laboral en las cargas sociales[3], es decir, la necesariedad de reducir los costos de trabajo en materia de seguridad, son las causas indiscutibles de la accidentabilidad y siniestros laborales en nuestro país.[4]

En fin, me limitaré al espacio y extensión que exige el comentario, como también a la trama que pretendo desarrollar, la cual, en cierta medida, tiene directa conexión con temas como la responsabilidad en materia de accidentes del trabajo y, en general, con los costos humanos en la producción. Desde ya se advierte que tal tema será abordado desde un punto de vista teórico laboral, excluyendo el análisis positivo y jurisprudencial del tópico en cuestión.[5]

¿La subordinación en crisis?

Sin duda alguna, y como es sabido por todos, las relaciones de trabajo poseen un elemento absolutamente particular que las define y enmarca en una lógica ajena a la del derecho privado: la subordinación o dependencia jurídica.[6]

La sujeción por una parte a la dirección y, por otro lado, al ejercicio de un poder fáctico, económico y jurídico de un particular sobre otro, son elementos determinantes en la definición de una relación de trabajo que permite revelar la naturaleza del vínculo jurídico contractual y, a su vez, calificarla como relación de trabajo.

Surge entonces, la subordinación y la protección como elementos que desde sus orígenes han estado vinculados al punto de partida de la edificación del Derecho del Trabajo, por lo que en la misma proporcionalidad en que éste se defiende, se pretende también impugnar. Es por lo anterior que en los  últimos  años los cambios en la forma de trabajo y producción han favorecido al aumento de algunos tipos de relaciones de trabajo no sustentadas formalmente en el concepto de subordinación.[7]

Hemos observado, frente a la naturaleza de la economía de mercado y los embates de la flexibilidad laboral, el surgimiento de relaciones cuya naturaleza jurídica no es absolutamente clara y en la que los límites fronterizos aparecen oscurecidos por bastas “zonas grises”[8] que hacen difícil la limitación entre el derecho común y laboral.[9]

Aparecen así nuevas formas de organización del capital y reorganización de la empresa en nuevas entidades jurídicas con el objeto de descentralizar la productividad. Somos testigos del “florecimiento” de grupos empresariales o Holdings, o por el contrario, el fraccionamiento en empresas más pequeñas cuyo destino es producir para otras mayores, o simplemente producir a baja escala. Por su parte, bajo el rótulo de autonomía de la voluntad, asoman nuevas formas de contratación que desplazan la actividad fuera de la empresa, dando a luz relaciones laborales triangulares como la subcontratación y el suministro de trabajadores[10], el contrato de arrendamiento de servicios, la constitución de trabajadores como empresas unipersonales y cooperativas que contratan con el empleador, entre otros tantos híbridos nacidos en el seno de la lógica mercantilista.[11]

Así las cosas, lo que se pretende es burlar la subordinación a efecto de desregularizar y disfrazar el trabajo asalariado con un ropaje civil. Para prevenir esta situación, el espacio que ocupan las “zonas grises”[12] necesita ser cada vez más estrecho, puesto que la legislación laboral es la encargada, debido a su carácter expansivo, de ir incluyendo en el área de aplicación de sus normas varios supuestos contractuales de genuina naturaleza laboral.

Por lo anterior es que irrumpe como una necesidad, el fortalecimiento y desarrollo de nuevos mecanismos de identificación y calificación de las relaciones de trabajo, siendo diversos los criterios propuestos para delimitar y ampliar la aplicación del Derecho del Trabajo, y en buenas cuentas, para calificar las relaciones contractuales laborales cuando la dependencia jurídica pareciera ser insuficiente. Emerge así la dependencia económica, la inserción en la empresa, la ajenidad, la hiposuficiencia y la parasubordinación entre otros, con la advertencia que “el trabajo dependiente ha sido, y seguirá siendo (hasta donde valen los pronósticos razonables) el ámbito típico y más importante regulado por el derecho del trabajo. Para la delimitación de éste, continuará siendo de máximo valor, la categoría jurídica de dependencia.”[13]

Algunos criterios auxiliares a la subordinación. Una breve aproximación.

Sin perjuicio de enfocarnos en el desarrollo de la ajenidad como criterio auxiliar a la subordinación, no podemos continuar sin precisar algunos alcances de los conceptos e instituciones destacadas anteriormente. Debemos desde ya señalar que, al parecer, estos criterios tiene un carácter meramente auxiliar, de difícil independencia y autonomía, por lo que  para funcionar, necesitan la interdependencia entre los mismos, o bien, una relación necesaria con la dependencia jurídica.

Comenzaremos con aquel criterio que desde sus inicios ha competido con la subordinación: la dependencia económica o subordinación económica. Al hablar de esta última nos referimos a la protección de las normas laborales de aquellos que estén en una situación de necesidad o debilidad económica, con prescindencia de si los servicios se prestan bajo un régimen de subordinación o de autonomía jurídica formal, enfocándose la protección en los que se encuentran bajo una situación de debilidad económica[14]. Pareciera ser en su concepto una herramienta útil, ya que la función del derecho del trabajo es la protección del económicamente insuficiente en las relaciones laborales, permitiendo dar aplicación a las normas del derecho social a relaciones jurídicas de trabajadores autónomos que dependen económicamente de su empleador. Pero aun así, la dependencia sigue siendo difusa e imprecisa por carecer en su modelo de un desarrollo abstracto, lo que acarrea la disminución de autonomía para determinar la aplicación de normas laborales, convirtiéndose siempre un criterio auxiliar que necesita de la ajenidad o la parasubordinación para ser determinante, puesto que siempre es limitada por factores económicos graduales.[15]

Continuando con nuestro análisis, la inserción en la empresa es el hecho que otorga al trabajador su calidad de tal por el sólo hecho de ingresar a una unidad de producción, junto a una serie de derechos y obligaciones propiamente laborales. Tal criterio tiene sustento en una situación fáctica, siendo una extrapolación a la teoría del principio de la primacía de la realidad en materia laboral. La utilidad del factor institucional sirve en buena parte, para determinar relaciones de trabajo bajo formas jurídicas terciarias de contratación o estructuradas jurídicamente de manera fragmentada, prescindiéndose muchas veces del vínculo jurídico. Aún así, igualmente que la dependencia económica, la inserción en la empresa no es capaz de valerse por sí misma, incluso más, pareciera ser el sustento teórico de la subordinación.            La parasubordinación[16] por su parte, no representa una forma atípica de contratación laboral como lo sería el teletrabajo o el trabajo a tiempo parcial, sino que trata de una calificación que recae sobre contratos civiles o mercantiles de aplicación parcialmente laboral y de necesaria protección. Podemos conceptualizar la parasubordinación, como aquella situación jurídica en la que “personas sin estar sujetas a una relación de trabajo subordinado prestan una colaboración continua y coordinada a la empresa  y que, por razones fácticas y de desnivel económico, contratan sus servicio con ésta en condiciones de inferioridad”[17]. Si bien existe similitud con la dependencia económica su diferencia es gravitante, ya que la parasubordinación es abstracta y la dependencia económica es netamente pragmática, al grado de determinarse por montos de remuneración sujetos a protección.

Por último tenemos el concepto de hiposuficiencia. El derecho del trabajo nace y se desarrolla en el seno de la percepción del desequilibrio entre las partes contratantes, la que tiene su origen en la constatación misma de la carencia de medios necesarios para su subsistencia, debiendo incorporarse a una unidad productiva, dependiendo económicamente de un tercero. Así la hiposuficiencia tiene relación con la subordinación tanto jurídica como económica y la ajenidad, por lo que pareciera ser una explicación histórica, social y teórica del derecho del trabajo, siendo más bien un justificativo del carácter protector.

La Ajenidad como un elemento particular de las relaciones de trabajo.

En el contrato de trabajo se presenta la situación en la que un individuo entrega su trabajo intelectual o físico a cambio de una determinada remuneración, esto es, vende una parte de sí mismo para obtener una fuente de ingreso que permita tanto su subsistencia como  la de su núcleo familiar. Frente a tal realidad, se genera un elemento absolutamente particular en el derecho del trabajo, esto es, un elemento personal que se involucra con la relación de significado económico en la que el trabajador acepta su posición de inferioridad fáctica y jurídica asumiendo el  rol preponderante del  empleador.

En tal relación, quien trabaja lo hace por cuenta de otro, haciéndose ajenos los frutos de su trabajo. Como lo señala ALONSO OLEA y CASA BAHAMONE, el derecho del trabajo recepciona “una realidad social en la cual los frutos del trabajo son atribuidos inicial y directamente a personas distintas de quien ha ejecutado el trabajo. La atribución ocurre en virtud de una singular relación entre el trabajador y el adquirente de los frutos, la relación de ajenidad, estructurada jurídicamente de formas muy diversas y peculiares, que preexisten a la ejecución del trabajo. Objeto directo del derecho del trabajo es el trabajo por cuenta ajena; solo indirectamente, o por aproximación o analogía, considera formas autónomas de trabajar, cuya regulación deja a, o se reservan, otros sectores del ordenamiento jurídico.”[18] Así nos encontramos ante la ajenidad en los frutos, los que son atribuidos inicial y directamente a personas distintas de quienes los producen; y por tanto se trata de una atribución ab inito.

Por otro lado, BAYON CHACON y PEREZ BOTIJA, nos dicen que la nota distintiva de la ajenidad está en los riesgos. Señalan que el trabajo que interesa al derecho laboral, es aquel que “implica una situación de irrelevancia para el trabajador de los riesgos o venturas del resultado”[19]. Para estos autores el fruto de la derivación del trabajo pertenece al empresario, como también el costo del trabajo y el resultado económico favorable o adverso, sin que el trabajador sea afectado por el mismo.

“Esa irrelevancia del riesgo en la producción para el trabajador, ese no afectarle directamente e inmediatamente, precios, averías, posibilidades de venta ni resultado, constituye el elemento diferenciador de la relaciones clásicamente laborales y otras relaciones de trabajo, cuya exclusión en el derecho del trabajo puede resultar más o menos discutible.”[20]

Aparece con un tono particular, dentro de los alcances que se ha dado al concepto, la “ajenidad de mercado”. ALARCON CARACUEL[21] nos dice que la ajenidad en los riesgos no es más que otra cara de la ajenidad en la utilidad patrimonial perteneciente a la ajenidad en los frutos, siendo éstas, parte de la ajenidad en los medios de producción y la ajenidad en el mercado.

Tal variante entiende “que el productor directo es jurídicamente ajeno a los consumidores de “sus” productos- que no son suyos-, sean estos bienes o servicios”[22], produciendo que “entre el trabajador y el consumidor directo se interponga jurídicamente un extraño, que cobrará el precio de ese bien o de ese servicio, que habrá pagado al trabajador un salario y que procura realizar un beneficio.”[23]

Por último, debemos comentar que variadas discusiones y críticas se han generado entre aquellos que elevan la subordinación, o bien la ajenidad, como elementos totales y excluyentes en la determinación de una relación contractual  laboral. Creemos que no son absolutos, sino por el contrario, entendemos que la subordinación y ajenidad son factores que necesariamente deben convivir para una mayor efectividad recíproca en la determinación de una relación laboral, supliendo uno la carencia del otro en una situación concreta.

Algunos comentarios y alcances de la ajenidad.

Si bien la ajenidad representa el reconocimiento del sistema capitalista de propiedad individual y titularidad patronal de los medios de producción, como corolario de la naturaleza ambivalente del derecho del trabajo[24], no podemos obviar su utilidad en cierto punto.

Como instrumento teórico, la ajenidad no tan solo ha de ser útil al momento de cuestionarse la deuda contractual del empleador con los trabajadores[25]. Por otro lado, interpretando y extendiendo el alcance en su variante de los riesgos, pareciera ser útil al desarrollar y recalcar la obligación de seguridad y el régimen especial responsabilidad en materia laboral por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Al desarrollar el concepto de la ajenidad notamos que de su nombre fluye su esencia, esto es, hacer ajeno el fruto del trabajo de una persona para entregarlo a otro distinto, lo que involucra también, hacer ajeno  los riesgos y siniestros del trabajador en la ocurrencia de su prestación, siendo tales de cargo exclusivo del empleador.

La ajenidad entonces no tan sólo se configura como un elemento más en la caracterización de la relación de trabajo, sino que en cierta medida se constituye como un justificativo ético y jurídico. Siguiendo la posición de ERMIDAS URIARTE y OSCAR HERNANDEZ ALVAREZ[26], si el trabajador acuerda hacer ajenos los frutos de su propio trabajo debe necesariamente obtener algo a cambio, ya que la única justificación ético jurídica del mismo supone que la producción del capital trabajo en la que el trabajador no tiene parte de sus ganancias, es que tampoco ha de tener cargo en las perdidas e incluso más allá, tampoco ha de tener parte de los riesgos.

De esto aparece evidente hacer correr por cargo y cuenta del empleador todo riesgo y consecuencia derivada, como por ejemplo el daño producido en las faenas de trabajo en base al riesgo de la actividad que debe soportar el trabajador, no limitándose la ajenidad en los riesgos a la pérdida de una utilidad o mejora, sino que alcanza a la explotación misma de la actividad,  desprendiéndose un principio que en cierta medida puede dar luces en la interpretación de algunos problemas que hoy se hacen patentes en tragedias como la ocurrida en San José y que urgentemente necesitan, por lo menos, una revisión a la normativa vigente sobre la responsabilidad del empleador.

Creo que lo anterior ha de ser gravitante, desde una perspectiva laboral, en la determinación del régimen de responsabilidad del empleador en materia de accidentes y enfermedades laborales, como también la competencia de la judicatura del trabajo para conocer de las acciones derivadas de tales tipos de siniestros, tanto por el propio trabajador como por las víctimas por vía de repercusión.[27]

Respecto a esto último, no pareciera ser justo y lógico que por la negligencia del patrono, en los casos en que no es capaz de probar la culpa del empresario, el trabajador ha de sufrir los costos tanto patrimoniales como personales del riesgo de la actividad que realiza por cuenta de otro, esto es riesgos que en buena parte corresponde soportar al empleador.

Esta particular extensión, es de vital importancia, ya que con el progreso de los sistemas industriales de producción surge el principio del “riesgo profesional”, “por virtud del cual todo patrono está obligado a pagar al trabajador o sus sobrevivientes los daños ocasionados por un accidente de trabajo, haya tenido o no la culpa dicho patrono. Como puede observarse, el asalariado, al prestar sus servicios, está expuesto a los riesgos propios de su trabajo, y es el patrono quien debe correr con el pago de las indemnizaciones cuando cualquier riesgo se produzca”[28]

Así la ajenidad se ve conjugada, o más bien absorbida, por la teoría del riesgo en materia de responsabilidad, funcionando como un criterio para su determinación. Debemos recalcar que la teoría del riesgo profesional presupone la existencia de la responsabilidad objetiva del empleador en la reparación del mismo, aún cuando no haya mediado culpa o negligencia de su parte en el acaecimiento del infortunio, haciéndose  responsable de los daños extracontractuales todo aquel que efectúa una conducta que tenía el riesgo como justificación. Es decir, son responsables todos aquellos que asumen el riesgo de llevar una actividad que puede tener consecuencias dañosas para las otras personas, riesgo que tiene su origen en el trabajo por cuenta de otros: el trabajo por cuenta ajena.

[1] En relación al concepto de Flexibilidad; UGARTE CATALDO, José Luis, “Derecho del trabajo, flexibilidad laboral y análisis económico del derecho”, Santiago, LexisNexis, 2004.)

[2] LÓPEZ, Diego. “La subcontratación y la precarización del empleo”. Boletín Oficial, Dirección del Trabajo. Chile, año 9, N° 93, octubre de 1996.

[3] GAMONAL,S., “Fundamentos de Derecho Laboral”, Santiago, LexisNexis, 2008, p133.

[4] Con fecha 9 de julio se realizó una fiscalización de la Inspección del Trabajo de Copiapó por el funcionario Herman Mery Véliz al yacimiento minero San José, que en la  Resolución de Multas Nº 6279 / 10 / 42, el fiscalizador documentó un conjunto de graves irregularidades en la mina; 1)El hecho de que el empleador –Alejandro Bohn- no haya suprimido en los lugares de trabajo los siguientes factores de peligro: “Nivel 60 N/E: no realizar la fortificación del techo, habiéndose constado que no existía fortificación, razón por la cual ocurrió el desplome del planchón. No evaluar una situación de riesgo, dada la falsa sensación de estabilidad por un buen resultado obteniendo después de haberse realizado una operación de acuñadora mecanizada del sector y aplicación de pernos lechados existentes. Tal hecho constituye incumplimiento de las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud, y en general, la integridad física de los trabajadores”. 2)  “No contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicado sector sin cobertura de malla en nivel 60 NSE donde ocurrió la caída de la roca. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general, la integridad física de los trabajadores”. 3) “No cumplir el Comité Paritario de higiene y seguridad las funciones de su competencia, consistentes en investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales, en relación a lo ocurrido el día 03 / 07 / 2010 a las 00:15 hrs. por accidente ocurrido en interior de Mina San José de empresa Minera San Esteban Primera, que afectó al trabajador Sr. Gino Cortés Calderón. Tal hecho en un incumplimiento a las obligaciones legales sobre funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la mina, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa”.

[5] Al respecto un análisis legal y jurisprudencial de primer nivel por José Luis Diez Schwerter; “La culpa del Empresario por accidentes del trabajo: modernas tendencias jurisprudenciales” en Cuadernos de Extensión jurídica nº 10, 2005. pp 73-98 .Universidad de los Andes; “Victimas directas y por repercusión en la responsabilidad civil derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales en nuestra jurisprudencia reciente: Del problema de la competencia a las distorsiones sustanciales” en Nº 214, año LXXI (Jul-Dic, 2003) Revista de Derecho Universidad de Concepción y; “Responsabilidad Civil derivada de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en Chile: evolución, funcionamiento y propuestas de racionalización (primera parte)” Nº 223-224, año LXXVI (En-Dic, 2008) Revista de Derecho Universidad de Concepción.

[6] Sobre la subordinación, UGARTE CATADO, José Luis, “La subordinación jurídica y los desafíos del nuevo mundo del trabajo”, Gaceta Laboral v.11 n.1 Maracaibo abr. 2005.

[7] Aparece como claro ejemplo el TELETRABAJO. (Ver THIBAULT ARANDA, Javier. “El teletrabajo: análisis jurídico-laboral.” Colecciones Estudios. 2ª Edición actualizada. Madrid: CES, 2001.)

[8] Sobre las denominadas “zonas grises” ver CARRO IGELMO, Alberto José, “Curso de Derecho del Trabajo”, BOSH, Casa Editorial S.A, Barcelona 1991., p 228 y siguientes. Y MARTIN VALVERDE., Antonio, en “Fronteras y “zonas grises” del Derecho del Trabajo en la jurisprudencia actual”(1980-2001 Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 38, 2002 (Ejemplar dedicado a: Tendencias actuales de la jurisprudencia en materia de contrato de trabajo) , pp. 21-50, disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=275938.

[9] Como diría el Maestro AMERICO PLÁ, “estas fronteras tienen  la particularidad y la dificultad de que son móviles, dinámicas y extensibles, por lo que se va cambiando continuamente el territorio de nuestra disciplina.” Cita de Oscar Ermidas Uriarte y Oscar Hernández Álvarez en “Críticas a la subordinación”, Revista española de derecho del trabajo, Civitas, Nº 116, 2003 , pp. 167-190

[10] UGARTE CATALDO, José Luis. “Sobre relaciones laborales triangulares: La subcontratación y el suministro de trabajadores”. Ius et Praxis, Universidad de Talca, Talca 2006, vol. 12, nº 1, pp. 11-29.

[11] Debido a la extensión del comentario se hace imposible el desarrollo de tales temas, por lo que recomendamos ver Oscar Ermidas Uriarte y Oscar Hernández Álvarez en Críticas a la subordinación, disponible en http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1090/16.pdf., y ORMEÑO, Alberto en “La negociación colectiva y la huelga bajo las nuevas formas de contratación laboral y estructuración de la empresa”, trabajo presentado en las jornadas del I Congreso Nacional Estudiantil de Derecho del Trabajo. Disponible en http://www.congresodeltrabajo.cl)

[12] CARRO IGELMO, Alberto José, “Curso de Derecho del Trabajo”, BOSH, Casa Editorial S.A, Barcelona 1991., p 228

[13] MONTOYA, “Sobre el trabajo dependiente como categoría delimitadora del Derecho del Trabajo”, p 723, obra citada por UGARTE CATALDO, José Luis, en “El nuevo derecho del trabajo”, Santiago, LexisNexis, 2007, p. 47.

[14] Ibídem 41.

[15] Sobre la subordinación jurídica y la dependencia económica,  véase: UGARTE CATALDO, José Luis, en “El nuevo derecho del trabajo”, Santiago, LexisNexis, 2007, pp. 39-50.

[16] Para un análisis detallado de la parasubordinación, véase: Eduardo Andrés Caamaño Rojo. “La parasubordinación o trabajo autónomo económicamente dependiente, el empleo en las fronteras del Derecho del Trabajo” Revista Laboral Chilena 113 (2004).

[17] Ob. Cit. “Críticas a la subordinación”, p 22.

[18] ALONSO OLEA., Manuel y CASAS BAHAMONDE, María Emilia., “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, 12 Ed., Madrid, 1991. p 36.

[19] BAYON CHACON, G. Y PEREZ BOTIJA, E., Manual de Derecho del Trabajo, Marcia Pons, Madrid, 1964. pp 14-15.

[20] Ibídem p 15.

[21] ALARCON CARACUEL., M. “La ajenidad en el mercado: un criterio definitorio del contrato de trabajo” Civitas Revista Española de Derecho del Trabajo. Núm. 28. 1986. p. 495-544.

[22] Ibídem p499.

[23] Ibídem p. 500.

[24] Como lo señala UGARTE, el derecho del trabajo desde su creación ha cumplido una ambivalente función: ser el soporte al modelo económico capitalista mediante la regulación y pacificación del conflicto social propio del reparto de la utilidad social agregada entre los titulares del capital y del trabajo, encausando de manera pacífica la regla jurídica, permitiendo la consolidación del sistema económico dominantes, pero que al mismo tiempo y de modo simultáneo, ha prestado servicios al modelo político democrático al aumentar de manera progresiva la participación y visibilidad política de los excluidos y marginados por la sociedad, mediante los distintos procesos de reivindicación social (Ver UGARTE, J.L., “El nuevo Derecho del Trabajo”, LexisNexis, Santiago, 2007, pp.19 y ss. En el mismo sentido GAMONAL,S., “Fundamentos de Derecho Laboral”, LexisNexis, Santiago, 2008, pp 12 y ss.)

[25] Al ser una obligación de actividad y no de resultado es independiente de los beneficios y los riesgos que pueda generar dicha actividad.

[26] Ob. Cit. “Críticas a la subordinación”, p 17 y siguientes.

[27] Una análisis jurisprudencia de primer nivel, por José Luis Diez Schwerter “Victimas directas y por repercusión en la responsabilidad civil derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales en nuestra jurisprudencia reciente: Del problema de la competencia a las distorsiones sustanciales” en Nº 214, año LXXI (Jul-Dic, 2003) Revista de Derecho Universidad de Concepción y “Responsabilidad Civil derivada de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en Chile: evolución, funcionamiento y propuestas de racionalización (primera parte)” Nº 223-224, año LXXVI (Ene-Dic, 2008) Revista de Derecho Universidad de Concepción.

[28] Boggiano, Guillermo y Mujica, Rafael (1972), Seguridad Social, Edisa S. A. Editores, pp. 12-13, Caracas.

Fuente fotografía.

Pasado este mediodía los senadores Fulvio Rossi (PS) y Guido Girardi (PPD) ingresaron al Parlamento un proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país.

La iniciativa, que ha generado amplias repercusiones, modifica el artículo 102 del Código Civil que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

También introduce una enmienda al artículo 54 de la Ley 19.947, de manera que en la causal de divorcio por razones de homosexualidad, sólo sea aplicable “en el caso de un matrimonio entre un hombre y una mujer”.

Asimismo, reforma el artículo 54 para que se reconozca en Chile el matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero, eliminándose la frase que concede este beneficio sólo a la unión “entre un hombre y una mujer”.

“A nosotros nos anima iniciar un camino, el mismo que se inició cuando terminamos con la diferencia entre hijos naturales y legítimos (…). Hoy día lo que estamos haciendo es profundizar la democracia. Estamos haciendo que en Chile derechos humanos que son fundamentales, como el derecho a contraer matrimonio, no tengan que ver con condiciones externas como es la condición sexual”, explicó Rossi.

Junto con valorar el proyecto, el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, sostuvo que ésta “es una ley de matrimonio que viene a terminar con las injusticias de una normativa que beneficia a un solo modelo de familias, dejando a otras en la absoluta indefensión”.

El dirigente dijo que espera que la discusión en el Congreso “sea seria, sin oportunismos y respetando el Estado laico”, de forma tal que las argumentaciones se basen en los derechos humanos y no en las creencias religiosas.

NOTICIA (Fuente: www.emol.com, 3 de Agosto de 2010).

COMENTARIO JURÍDICO ACERCA DE ESTA NOTICIA:

Por Pablo Llanquilef D.
Investigador Asociado CEIN.
Universidad de Concepción.

No es difícil percatarse, que el debate respecto al matrimonio de personas del mismo sexo, ha dejado de ser una simple discusión pasajera. Fiel reflejo de aquello, es la iniciativa legislativa, presentada por los senadores Rossi y Gerardi.

Hemos eso si de convenir, en que a pesar que la temática ha sido recurrente durante los últimos 5 años, el paso al frente que ha dado la legislación argentina respecto al asunto, pareció reavivar los ánimos, lo que ha provocado encendidas declaraciones desde la mayoría de los sectores sociales.

En lo estrictamente jurídico, es interesante ver los alcances que esta discusión genera. Y es que en un primer momento, en el que nadie parecía dispuesto siquiera a pronunciar la frase “matrimonio homosexual”, nuestros políticos, motivados por el clima electoral, se apresuraron a recurrir a la “unión civil”, como una forma de satisfacer los intereses de aquellos con preferencias homosexuales, sin tener que entrar en terreno –entonces intocable- del matrimonio. No obstante, ahora, nos encontramos “ad portas” de una discusión legislativa, que de seguro volverá a exacerbar las diferencias ideológicas, no sólo de nuestros políticos, sino, tanto mas interesante, de nuestra doctrina jurídica.

Por un lado, encontramos a un puñado de autores (pareciere que la mayoría), que ven en la posibilidad del matrimonio homosexual, (y algunos inclusive en la unión o pacto civil), sólo consecuencias nefastas. Así por ejemplo, Corral Talciani, ya el año 2005 indicaba que la unión entre personas del mismo sexo es reprobable tanto moral como socialmente. Agrega que es contrario a la naturaleza fisiológica del hombre, y que atenta contra la natalidad y el desarrollo social”.[1] En la misma dirección que Corral, Pablo Rodríguez Grez, pone el hincapié en lo jurídico e indica la inconveniencia formal que se genera al modificar tan profundamente la naturaleza del matrimonio, anticipando que ello supondría reformular por entero todo el derecho de familia, el cual ha sido estructurado sobre la base del matrimonio heterosexual (similar al argumento dado para dejar vigente gran parte de la legislación creada vía Decretos Leyes durante el llamado Gobierno Militar).[2]

Ambos autores, aunque comparten el rechazo al matrimonio homosexual, difieren de manera importante en sus razones. Por un lado Corral, pone el énfasis en el terreno de lo sociológico, e inclusive de lo axiológico. Ello por supuesto, supone que dentro de su esquema conceptual, no sólo es reprobable el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino cualquier tipo de regulación legal que pudiere legitimar ante el Derecho la unión homosexual. Por otro lado, Rodríguez, realiza el alcance normativo, respecto a que, de realizarse tamaña reforma, la transformación de las normas atingentes al Derecho del Familia sería de tal envergadura, que supondría la extinción de la disciplina tal y como la conocemos. Luego, al ser sus motivos principalmente jurídicos y formales, es para el plenamente aceptable la regulación legal de las uniones homosexuales –sea o no en el contexto de regulación del concubinato- , sea mediante legislación especial, o mediante pactos  ad hoc, que normen el aspecto sucesorio y patrimonial de los individuos.

Por la otra vereda, encontramos a aquellos que creen que es una necesidad, social y jurídica, la apertura del matrimonio para las parejas del mismo sexo, o por lo bajo, que el derecho debe atender a las necesidades de regulación patrimonial de las personas con tales preferencias. Así Mauricio Tapia, profesor de la Universidad de Chile, indicó que se debe buscar “regular el aspecto patrimonial de las convivencias, sean heterosexuales u homosexuales, que no están dentro del matrimonio. Es una necesidad social a la que el Derecho Civil debe entregar respuesta. No se trata de igualar estas relaciones con el matrimonio, porque la función del Derecho es seguir los cambios sociales, no provocarlos ni impedirlos.”[3]. Con éste planteamiento, Tapia no se aleja mucho de Rodríguez, por cuanto, cree que el punto central del debate está en la regulación de las relaciones patrimoniales de las personas con preferencia homosexuales. Pero, como bien previene Corral (obviamente argumentando en contrario), parece ilógico mantener una regulación de uniones civiles, restringiendo el matrimonio, y señala para el caso de optarse por las uniones “¿por qué no podrían merecer el estatuto del matrimonio? ¿No resultaría acaso una discriminación más oprobiosa configurar una ‘unión civil’ homosexual, con algunos derechos del matrimonio, y al mismo tiempo impedirles acceder a la plenitud de efectos de esta última institución?”.[4]

Ahora, cuando hemos de llegar a una conclusión, es importante saber donde poner el acento en el debate. Por una parte, puede plantearse que esta –la discusión del matrimonio homosexual-, es una cuestión de finalidad última del Derecho, que se sintetiza en la frase de que el ordenamiento jurídico debe “regular realidades” y por tanto se hace necesario normar las relaciones patrimoniales de las personas del mismo sexo cuando estas conviven. Es decir, no darles un estatuto propio, sino más bien, matar dos pájaros de un tiro y sentar las bases de una regulación del “concubinato”.

Por otro lado, puede sostenerse que ésta es una cuestión de legitimidad, cómo han planteado algunos. No se trataría simplemente de lograr determinadas consecuencias jurídicas, sino que a la hora de entrar en el terreno del matrimonio homosexual, el ordenamiento debe procurar legitimar aquellos actos que se funden en la libertad e igualdad de las personas. (así indica, Bravo Hurtado, al señalar “Es decir, no se trata sólo de igualar el acceso a consecuencias jurídicas prácticas, sino que se trata también de un reconocimiento simbólico por el Estado –legitimidad–”[5]).

Incluso, podemos buscar poner el centro del debate, en el concepto de familia que el Derecho debe reconocer o amparar. Luego, podemos estarnos al molde de la familia clásica, constituida sobre la base del vínculo matrimonial, o bien, podemos estimar que el Derecho debe reconocer la realidad familiar, y por tanto legitimar y regular a la llamada familia no-matrimonial, construida sobre la unión de hecho, incluyendo aquí a las parejas homosexuales.

Finalmente, en la esencia misma de la institución del matrimonio, es posible realizar una distinción de importancia para la problemática planteada. Ella puede sintetizarse en la pregunta ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? Algunos estimarán que será la procreación, por lo que el matrimonio sería la piedra sobre la cual ha de construirse una familia con estabilidad y legitimidad suficiente, para lograr la adecuada multiplicación de la especie humana, con especial atención al interés del menor que pueda nacer. Así parece desprenderse del artículo 102 del Código Civil, que enumera dentro de las finalidades, la de procreación.

Pero otros sostendrían que en realidad, la finalidad principal del matrimonio es reglar la vida en común de aquellos que quieren acogerse a la institución. Es decir, el elemento primordial sería, la convivencia. Se desprende lo anterior a lo largo del texto de la actual Ley de Matrimonio Civil, en donde se estima como principal condición tanto para la separación judicial como para el divorcio, “que se torne intolerable la vida en común” de los cónyuges. Esta posición guarda consistencia, con el hecho de que incluso, en el contexto del matrimonio heterosexual, la procreación puede o no estar presente, y no porque los cónyuges no tengan intención de procrear, el matrimonio pierde legitimidad. Inclusive, es plenamente procedente, el matrimonio de personas que por causas fisiológicas no puedan procrear. Luego si la finalidad última del matrimonio fuere propender hacia la reproducción de la especie, y repudiar las uniones en que no se pueda procrear, no parece justificable que se permita el matrimonio de individuos que sufren tales incapacidades fisiológicas; mas no obstante, en los hechos y en el Derecho, tales parejas pueden libremente casarse y nadie discute la legitimidad de su vínculo.

Hemos de constatar además, que la cuestión del matrimonio homosexual, no encuentra una limitación de texto importante en la ley de matrimonio civil. Salvo lo indicado por el artículo 80 que priva de valor a los matrimonios entre personas del mismo sexo, celebrados en el extranjero; el artículo 2 de la misma ley, en lo que algunos califican como texto desafortunado, indica que el Derecho a contraer matrimonio es esencial e inherente a la persona humana. ¿O sea que perseverar en la actual posición de que los homosexuales no pueden contraer matrimonio, teniendo a la vista el art. 2 LMC, supone negarles implícitamente un derecho esencial, o peor aun, no considerarlos persona?

Entrando ahora en el terreno de lo personal, me parece positivo que esta discusión se produzca, de manera seria y razonada, independientemente del resultado que de ahí se obtenga. Sin perjuicio de aquello, creo que ninguna de las posiciones ha logrado imponerse con un argumento realmente indiscutible.

Por un lado los detractores, que nos entregan argumentos de tal naturaleza, que se asemejan a aquellos que se dieron para negar la abolición de la esclavitud (Después de todo, se mermaba el desarrollo social, pues eran los esclavos la principal fuerza de trabajo, e ingrediente importante del comercio de la época), o mas cerca del tema, para negar la libre investigación de la paternidad, y que se acercan peligrosamente al terreno de lo emocional, más que al racional. Parecen olvidar a ratos el carácter infranqueable de la igualdad y dignidad humana, elementos que deben ser considerados y respetados, sea cual sea la cuestión debatida. Ello sin perjuicio que en los países en que se ha admitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, ninguna de las nefastas consecuencias profetizadas, se ha producido. Es sostenible inclusive, que esta posición se sustenta en el rechazo al cambio de los paradigmas sociales; más que en las consecuencias concretas que podrían generarse.

Respecto a los que abogan por el matrimonio homosexual, aun no logran solucionar, los inconvenientes formales que se producirían en nuestro ordenamiento, si modificásemos con tal profundidad el matrimonio, y además, dejan pendiente el debate de el tema de si el matrimonio homosexual producirá iguales efectos que el matrimonio heterosexual, especialmente en lo que dice relación con la adopción. Además, si bien respetamos que el Derecho debe regular realidades, no pareciere que la sociedad chilena esté ansiosa de este cambio. Se evidencia que nuestra sociedad, en cuanto al tema, sigue adoptando una posición sumamente cautelosa y conservadora, y si bien respalda que los homosexuales sean considerados por el Derecho, parece primar la idea, de que el matrimonio puede ser un exceso. Es decir, no estaríamos regulando una realidad, sino, creando una, para la que algunos sostienen, nuestro país no está preparado.

Es en tales condiciones, que parte, esta discusión –ahora en serio- que pasará a desarrollarse dentro y fuera de nuestro Congreso, y que de seguro, en los siguientes meses, seguirá dando que hablar.

[1] CORRAL TALCIANI, Hernán, “Uniones homosexuales y matrimonio”, Tribuna en “El Mercurio”, 24 de octubre de 2005. “Moralmente, porque las relaciones homosexuales contradicen la vocación de complementariedad de los sexos masculino y femenino, (que se encuentra radicada en la misma ontología de la persona humana); socialmente, porque ellas impiden el desarrollo normal de las sociedades a través del tiempo, al frustrar la procreación.” Agrega el autor que: “Al negarse la regulación civil de las parejas homosexuales, no se incurre en discriminación alguna, puesto que la diferencia de tratamiento jurídico deriva de una causa justificada. Las uniones homosexuales no pueden expresar ni el amor conyugal (necesariamente complementario en lo sexual) ni la apertura a la procreación (inviable en los actos sodomíticos).”

[2] RODRIGUEZ GREZ, Pablo,

http://www.redprovida.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2846&Itemid=105. Visitado el 4 de Agosto de 2010 a las 20:05 hrs.

Textualmente señala que “Así, por vía de ejemplo, no podrían aplicarse las disposiciones que regulan la sociedad conyugal, las que se refieren a las obligaciones y derechos entre los cónyuges, las relativas a las segundas nupcias, a la filiación, a la patria potestad, a la adopción, etcétera. En otras palabras, estaríamos obligados a (…) (…) diseñar un nuevo estatuto jurídico, fundado en distintos valores, capaz de adaptarse a una realidad que no sólo es ajena a nuestra legislación, sino radicalmente rechazada por ella, como se desprende de lo dispuesto en la Ley de Matrimonio Civil y el Código de Bello.

La solución a este, si cabe considerarlo como tal, pasa, en el peor de los casos, por flexibilizar algunas normas, haciéndolas todavía más accesibles a quienes procuran dar estructura legal a su vida en común.”

[3] http://www.google.cl/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CBcQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.uchile.cl%2F%3F_nfpb%3Dtrue%26_pageLabel%3Dnot%26url%3D14694&rct=j&q=mauricio%20tapia%20matrimonio%20homosexual&ei=OUNaTOHGC8G78gbnjZXkAQ&usg=AFQjCNHi9OL2T15LMdffE6EZD9Cc_EQiow&cad=rja. Visitado el 4 de Agosto de 2010 a las 20:15 hrs.

[4] CORRAL TALCIANI, Hernán, “Uniones homosexuales y matrimonio”, Tribuna en “El Mercurio”, 24 de octubre de 2005

[5] BRAVO HURTADO,  Pablo, “Postura Conservadora”. http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/08/01/postura-conservadora.asp. Visitado el Miércoles 4 de Agosto de 2010 a las 17:50 hrs.

Fuente de fotografía.

Esta primera obra de la Colección Nuevos Autores es publicada por la Editorial Librotecnia, junto a la cual, a partir de este año 2010, otorgaremos la posibilidad de que muchas otras memorias de pregrado sean parte de esta Colección y así otros tantos jóvenes investigadores puedan dar a conocer sus creaciones. Para tal efecto, nuestro Centro de Estudios convocará a un concurso público, según los plazos y requisitos que oportunamente se darán a conocer durante el transcurso de este año a través de nuestro sitio web, www.iusnovum.com.

En el siguiente link se puede acceder al indice de la obra, asi como también descargarlo.

El libro ya se encuentra a la venta en Librotecnia Editores, se puede acceder a él, en el siguiente link, donde encontrará precios, medios de pago, y formas de envío.

(Nota preliminar del libro “Régimen jurídico ambiental de proyectos hidroeléctricos” con la cual se inaugura la Colección Nuevos Autores del Centro de Estudios Ius Novum).

“Con la presente obra inauguramos la Colección Nuevos Autores del Centro de Estudios Ius Novum; organismo creado, estructurado y mantenido por los Alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Esta colección, cuyo objeto es difundir trabajos de investigación jurídica elaborados por egresados de la carrera de derecho con ocasión de la elaboración de sus tesis o memorias de pregrado, fue un gran anhelo de nuestro centro de estudios, estando presente como uno de los dos proyectos fundacionales del mismo, allá por el año 2007. Así, luego de un lento, pero seguro trayecto de asentamiento concretamos, en el año 2008, el primero de esos propósitos con la publicación del ejemplar N°1 de la Revista de Estudios Ius Novum, publicación anual que recopila investigaciones dogmáticas y análisis jurisprudenciales escritos por alumnos y egresados de pregrado. Del mismo modo ve la luz hoy, cuando media el año 2010, esta primera obra de la Colección Nuevos Autores, publicada por la misma casa editorial, dando comienzo de esta forma, a una nueva etapa     –ahora de consolidación– dentro de la existencia del Centro de Estudios Ius Novum, cumpliendo la segunda de nuestras aspiraciones originarias en torno a la divulgación y fomento en la producción de conocimiento científico-jurídico desde etapas anteriores a la finalización de los estudios de la carrera de derecho.

Inserto en este orden de ideas, entregamos a toda la comunidad vinculada a las ciencias jurídicas, sociales y ambientales, “Régimen jurídico ambiental de proyectos hidroeléctricos”, nombre con el que se titula la obra del investigador Ignacio Díaz Sahr,  fruto del trabajo académico realizado por el autor con ocasión de su tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la que fue aprobada con la máxima calificación académica en el año 2009. Merecimiento que sumado a la contribución científica de la investigación, y a la novedad que reportaba al derecho administrativo ambiental, en definitiva llevó al consejo directivo de nuestro centro de estudios a proponerle al autor su publicación, inaugurando con ella, de ese modo, la presente colección.

La presentación de este primer libro está a cargo del Prof. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Autónoma de Madrid (España, 1998), Post-doctorado en Derecho Ambiental, por la Universidad de Giessen (Alemania, 2003), y actual profesor titular de la cátedra de Derecho Administrativo en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien a su vez guío al entonces memorista egresado, hoy abogado, en el desarrollo de su investigación.

La valoración, utilidad, interés, y meritos científicos de la obra, quedan entonces en las letras de la presentación que respecto de ella hace el profesor Bermúdez Soto en las páginas siguientes, pues creemos que no existe opinión más autorizada académicamente que la suya para realizar tan sincera y generosa labor, pues sus versados y sólidos conocimientos sobre la disciplina jurídica en la que se desarrollan las materias tratadas por el autor, así como su extensa y reconocida experiencia, de una parte, y el directo vínculo con que atestiguó el desarrollo de la investigación, de otro, lo acreditan sobradamente para presentar al lector la presente obra.

De esta guisa, como organismo comprometido y dedicado al fomento de la investigación jurídica en alumnos y egresados de pregrado, confiamos en que la instancia  y el proceso por los cuales la memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales del autor se transformó –con algunas mejoras posteriores– en una publicación integrante de la Colección Nuevos Autores del Centro de Estudios Ius Novum, se reproducirán en muchas otras memorias de pregrado de jóvenes investigadores que esperan una oportunidad para dar a conocer sus creaciones. Posibilidad que, a partir de esta obra, otorgaremos en conjunto con editorial Librotecnia a todos aquellos que postulen al concurso público que cada año convocará nuestro Centro de Estudios, según los plazos y requisitos que oportunamente se darán a conocer durante el transcurso del presente año en nuestro sitio en Internet, http://www.iusnovum.com.”

Valparaíso, junio de 2010.

Diego Hormazábal Riquelme
Director Ejecutivo

Cristián Bahamonde Guasch
Director de Investigación

Agradecemos sinceramente la motivación de todos quienes participaron enviando sus antecedentes. Felicitamos a los seleccionados, y del mismo modo invitamos cordialmente a quienes no fueron elegidos en esta oportunidad a participar de las demás actividades que realizamos, como el envió de trabajos monográficos para las próximas publicaciones de la Revista de Estudios Ius Novum, o los comentarios y debates que se generen en nuestra pagina con ocasión de los trabajos publicados.

En el proceso de selección se tuvieron a la vista los antecedentes enviados por los postulantes, valorándose de modo especial, aunque no exclusivo, aquellos que ostentaban la calidad de ayudante en alguna cátedra de derecho, o que tuvieran alguna experiencia en la investigación jurídica, como expositores en seminarios y congresos, o que contarán con alguna publicación anterior; también se consideró el manejo de idiomas del postulante, las referencias, como otros antecedentes que presentaron.

Veinticuatro son los seleccionados, entre los que se cuentan veintidos de universidades nacionales, y dos de universidades extranjeras; de los primeros, once pertenecen a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

La nomina oficial de los Investigadores e Investigadores Asociados del Centro de Estudios Ius Novum para el periodo 2010-2011 es la siguiente:

El Centro de Estudios Ius Novum, entidad creada por alumnos de la Escuela de Derecho PUCV en el año 2007, ya se encuentra trabajando en los importantes desafíos que se ha propuesto para este cuarto año de funcionamiento.

Con un renovado equipo, que cuenta con la inclusión de cuatro nuevos miembros a su consejo directivo y la asunción de un nuevo director ejecutivo, Ius Novum aspira a consolidarse como la principal instancia a nivel nacional en que alumnos de pregrado y egresados puedan canalizar sus inquietudes de investigación y debate jurídico.

Los alumnos de pregrado Soledad Pardo, Andrea Osorio e Ignacio Roncagliolo, y el egresado de la Escuela Pedro Pablo Rossi son los nuevos miembros del consejo directivo por el periodo 2010-2011, mientras que el estudiante de cuarto año Diego Hormazábal ha asumido como director ejecutivo del centro de estudios.

“Hemos buscado gente comprometida con la visión de Ius Novum y lo que éste pretende generar en la comunidad estudiantil”, explicó el nuevo director, quien a su vez agradeció la labor realizada por el otrora director, Cristián Bahamonde: “Cristián ha hecho un muy buen trabajo y afortunadamente nos seguirá colaborando en el centro de estudios, ahora como director de Investigación”.

Por otro lado, el consejo directivo ha abierto el plazo de la segunda convocatoria para la publicación del tercer número de la Revista de Estudios Ius Novum, cuya fecha de vencimiento es el martes 1 de junio de 2010. Las obras deben ser enviadas al correo electrónico iusnovum@gmail.com .

A su vez, se ha convocado a concurso público para ocupar los cargos de investigador asociado del Centro de Estudios Ius Novum a los estudiantes de pregrado y egresados tanto de nuestra Escuela como de las restantes casas de estudios del país.

Para más información, se invita a visitar www.iusnovum.com o escribir a iusnovum@gmail.com .

Ademas se adjuntan, como información adicional al concurso publico,  los Estatutos de los Investigadores e Investigadores Asociados contenidos en el Reglamento General del Departamento de Investigación del Centro de Estudios Ius Novum.

El pasado Jueves 15 de Octubre se realizó, en el Salón de Honor de la Casa Central de la P.U.C.V, el lanzamiento del 2° número de la Revista de Estudios Ius Novum, destinado a conmemorar los 115 años del Curso de Leyes de los Sagrados Corazones de Valparaíso, nombre con el que nació la actual Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

La ceremonia fue encabezada por el Decano de la Facultad de Derecho, prof. Alejandro Guzmán Brito, por el Presidente del Centro de Alumnos, don Pedro Pablo Rossi Guajardo, y por el Director Ejecutivo de nuestro Centro de Estudios, don Cristián Bahamonde Guasch.

En la ocasión, además los alumnos de la Escuela premiaron a los ex alumnos más destacados, distinción que este año recayó en los señores Sergio Muñoz Gajardo, Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, Jorge Bofill Genzsch, abogado del estudio Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana, y Luis Winter Igualt, Rector de la Universidad del Pacífico.

En la ceremonia también estuvieron presentes parte de los autores publicados en este número, así como también los profesores Alan Bronfman, Secretario General de la P.U.C.V, José Luis Guerrero, Director de la Escuela de Derecho, Claudia Mejias, Jefa de Docencia, José Antonio Galván, profesor de derecho civil de la Escuela, Luis Rodríguez Collao, profesor de derecho penal, Claudio Meneses, profesor de derecho procesal de la Universidad de Valparaíso, y de introducción al derecho en la P.U.CV.

En representación de los autores publicados, el alumno de quinto año de la Escuela de Derecho de la P.U.C.V Pedro Pablo Miranda, expuso un resumen de su obra “Pro Iure et Aequitate”, trabajo en el que detalla la historia de la Escuela de Derecho, desde su formación como Curso de Leyes en 1894, hasta la actualidad.

En total, diez son los trabajos publicados en este número de Revista de Estudios Ius Novum, obras que fueron las mejor evaluadas por nuestro Consejo Académico Asesor, de entre más de treinta que se presentaron, y que en definitiva pertenecen a alumnos y egresados de diversas escuelas del país. En esta oportunidad se publicaron trabajos provenientes de alumnos de las Escuelas de Derecho de la Universidad Católica del Norte, de la Universidad de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Este número y el anterior ya se encuentran a la venta en Editorial Librotecnia. Para adquirirlos pueden visitar la pagina de la editorial AQUÍ.

Por último, queremos invitar a todos los alumnos y egresados de todas las escuelas de derecho del país que deseen participar de la actual convocatoria, para la publicación del 3° número de Revista de Estudios Ius Novum, a que envíen sus trabajos a la dirección electrónica publicar@iusnovum.com puesto que hemos decidido ampliar el plazo de cierre, fijado inicialmente para el 2 de noviembre de 2009, para el día 2 de marzo de 2010. El cambio obedece a que a partir de este año, el consejo directivo decidió publicar la Revista todos los meses de Octubre de cada año, fecha que como anticipamos, coincide con el Aniversario de la Escuela de Derecho de la P.U.C.V.

No te quedes fuera, participa!. Los requisitos de publicación los podrán encontrar haciendo click AQUÍ.

Resolución ordena pagar más de $ 319 millones a Jaime Krauss, quien en julio de 2004 abandonó su cargo tras ser procesado como autor de violaciones a DDHH.

Un oficio judicial llegó en la tarde de ayer hasta el escritorio del procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Valparaíso, Enrique Vicente. El documento contenía un fallo del Primer Juzgado Civil de la ciudad, que obliga a la Cámara de Diputados a cancelar una indemnización de más de $ 319 millones al ex edecán Jaime Krauss Rusque, quien dejó su cargo en julio de 2004, a raíz de su procesamiento como autor de homicidios ocurridos en Pisagua en 1974.

El dictamen -de primera instancia- marca un precedente en la historia de la Corporación, ya que la obliga a hacerse cargo del daño moral que se le provocó al coronel (r) al no reintegrarlo a su cargo a partir de diciembre de 2004, luego que el magistrado Joaquín Billard dejara sin efecto el procesamiento en contra del hermano del ex ministro y actual embajador Enrique Krauss.

Por ese concepto, el Fisco -a nombre de la Cámara de Diputados- deberá cancelar $ 100 millones, además de los $ 219.776.000 correspondientes al pago de los sueldos que debió recibir Krauss Rusque en el tiempo que estuvo alejado de su cargo.

Aunque el trámite judicial fue monitoreado permanentemente por autoridades administrativas de la Cámara, el dictamen tomó por sorpresa al titular de la entidad, Rodrigo Álvarez (UDI), quien adelantó que el camino más probable que asumirá el CDE será el de apelar al fallo.

“Lo que corresponde cuando uno ha sostenido una causa es mantener la misma postura en todos los recursos que permite el tribunal”, sentenció el diputado gremialista.

En el Consejo de Defensa del Estado, en tanto, afirmaron que cualquier decisión se tomará luego que se revise en detalle los alcances de la resolución.

Álvarez descartó completamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial con Krauss Rusque.

Esta alternativa ya había sido explorada cuando se presentó la demanda ante la justicia. En esa ocasión, el entonces vicepresidente de la Cámara, Jorge Burgos, sostuvo conversaciones con los abogados del ex militar, pero las peticiones de éste no concordaron con la oferta que estuvo dispuesta a realizar la Corporación.

Debate en la Cámara

El fallo judicial despertó un fuerte debate al interior de la Corporación.

En la Alianza tildaron de irresponsable el actuar del ex presidente de la Cámara, Pablo Lorenzini (DC), quien llevó a cabo el diálogo con Krauss que terminó con su dimisión, luego de que el edecán firmó un documento en el que sentenciaba que ponía su cargo a disposición a raíz del procesamiento judicial del que era objeto.
“Lo que sucedió es muy grave, porque se condenó a una persona antes que la justicia dictara sentencia. Y lo que hace este fallo sólo es confirmar lo mal que se obró”, comentó el diputado RN Maximiano Errázuriz. Lorenzini, en tanto, sostuvo que la salida de Krauss era “la única alternativa posible” tras conocerse de su procesamiento.

Fuente: La Tercera, Jueves 30 de Abril de 2009.

Foto: www.intercomuna.cl

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A juicio del ministro de RREE, el país no ha descartado ningún recurso jurídico.

El Gobierno no descarta impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) ante la demanda marítima de Perú, aseguró hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández.

Fernández encabezó una jornada de debate sobre la pretensión peruana en el Instituto Libertad y Desarrollo, donde reiteró la solidez de los argumentos con la que a su juicio cuenta la defensa de Chile.

El canciller puntualizó que el país no ha descartado ningún recurso jurídico y explicó que la impugnación sobre compatibilidad de la Corte, algo que, según dijo, se resolverá cuando sea oportuno, se puede presentar hasta el próximo 19 de junio de 2009.

Perú presentó el 19 de marzo ante la CIJ la memoria de su demanda, con la que busca modificar a su favor el límite marítimo con Chile y obtener con ello unos 35 mil kilómetros cuadrados de territorio.

Lima basa su demanda en el argumento de que los límites nunca han sido fijados, lo que Chile contraviene sobre la base de dos tratados suscritos en 1952 y 1954, que Perú reconoció durante 50 años, además de una serie de acuerdos complementarios posteriores.

La defensa chilena se basa en la existencia de los tratados, la legislación internacional e interna de ambos países y el ejercicio de la soberanía, por lo que Fernández confía en que el límite marítimo continuará siendo el paralelo 18º 21′ 03″.

Al encuentro de hoy también asistieron el subsecretario de Relaciones Exteriores y agente ante La Haya, Alberto Van Klaveren; la directora nacional de Fronteras y Límites del Estado y coagente ante La Haya, María Teresa Infante, y el director de Límites, Patricio Pozo.

Fuente: La tercera, 22 de Abril de 2009.

Foto: http://www.minrel.gov.cl

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Segun declaró Juan Pablo Olmedo, Presidente del Consejo para la Transparencia, a 48 horas del debut de Ley de Acceso a la Información.

El jefe de la entidad que supervisará cumplimiento de ley plantea que portal común “tiene enormes beneficios” para la transparencia.

SEBASTIÁN RIVAS V.

Este lunes entrará en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obligará a las reparticiones estatales y a las empresas públicas a poner a disposición de los ciudadanos datos sobre su gestión, como remuneraciones, informes y otros documentos.

Para que la legislación se cumpla, un organismo clave será el Consejo para la Transparencia, presidido por el abogado Juan Pablo Olmedo, que tendrá la facultad de sancionar a quienes no cumplan con la normativa y resolver apelaciones de ciudadanos a los que se les niegue información.

Olmedo reconoce que la implementación de la ley será compleja, pero se muestra convencido de que es un paso necesario. “Esperamos que los ciudadanos ejerzan el derecho a la información”, señala.

-El gobierno no ha hecho una campaña masiva de promoción de esta ley. ¿Cree que esto debilita la partida?

“Yo no hablo por el Gobierno, ellos responderán. Nosotros, como Consejo, tenemos un rol en la difusión, y partimos mañana con una campaña en medios escritos y en radio, para dar a conocer la existencia del Consejo y difundir la ley”.

-Algunas personas han planteado su temor de que el lunes se produzca una situación como la del Transantiago: un “día cero” en que puede colapsar el sistema. ¿Es un riesgo?

“Eso fue responsabilidad del Parlamento, que determinó ese sistema. El Consejo se rige por lo que se ha dispuesto, y está preparado para cumplir con su función. Ahora, ciertamente en la implementación va a haber obstáculos, pero hay que asumirlos como parte del proceso”.

-¿Hay un plazo estimado de cuánto podría tardar en resolverse un caso que llegue ante el Consejo?

“Nos podemos guiar por la experiencia internacional, que muestra que un caso presentado ante órganos similares de otros países demora entre 50 y 100 días hábiles”.

-La ley no contempla una “ventanilla única”, sino que cada repartición entrega sus datos por separado. ¿Se puede crear una página para hacer una búsqueda global de información, por ejemplo, por el RUT?

“La opinión del Consejo es que el camino que hay que seguir es un portal de transparencia, donde estén reunidas las obligaciones de todos los organismos y el sistema de reclamos. Los datos de toda la administración pública debieran estar en un mismo sitio web, y así se lo hemos planteado al Gobierno. Lo que proponemos no es algo nuevo: estamos siguiendo las mejores prácticas comparadas en esta materia. Tiene enormes beneficios para la transparencia y el derecho de acceso en general. Es un trabajo que tenemos que hacer”.

-Una de las aristas más complejas es el tema de los municipios, porque sus medios son muy dispares para cumplir con la ley. ¿Cómo va a evaluarse en la primera parte?

“Uno de los criterios definidos entre los consejeros es que hay una gran diferencia entre no poder cumplir con la ley y no querer cumplir. La ley es clara en el sentido de que la sanción tiene lugar en la medida de que haya denegación injustificada”.

-Se ha planteado que para empresas públicas como TVN o Codelco, publicar datos como las remuneraciones los puede afectar en su competencia con el sector privado. ¿Qué van a tener que revelar?

“Hay una norma especial de la ley donde se establecen obligaciones claras para las empresas públicas. En caso de que alguna empresa estime que parte de esa legislación afecta su competitividad o genera alguna otra causal de reserva, tendrán que acreditarla en caso de que haya algún reclamo”.

-¿Cómo va a estar disponible la información sobre remuneraciones? ¿De una forma sencilla o, por ejemplo, en grados?

“Esa pregunta será respondida desde el lunes, porque ahí vamos a conocer cuál es el funcionamiento práctico. Pero de acuerdo a la ley, la información en materia de transparencia activa debe incorporarse de forma completa y actualizada, y de una forma que permita su fácil identificación y su acceso expedito”.

-¿En cuánto tiempo se podría ver funcionando la ley de forma armónica?

“Estamos ante un cambio cultural de magnitudes sustanciales. Estos son procesos que duran mucho tiempo. Y la fase de instalación va a durar un tiempo que ciertamente excede el período de esta presidencia”.

Qué es el Consejo

El Consejo para la Transparencia es una entidad autónoma creada el año pasado, cuya misión es supervisar el correcto funcionamiento de la nueva Ley de Acceso a la Información y servir como instancia de apelación para aquellas peticiones que sean rechazadas por los organismos públicos. Es integrado por cuatro miembros, que deberán estudiar y fallar caso a caso todos los reclamos que sean presentados por la aplicación de la ley. Los integrantes son designados por el Presidente de la República, pero deben ser ratificados por los 2/3 del Senado.

Estudio de LyD: Municipios cumplen sólo 38% de la ley

Según un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD) los 63 municipios más grandes de Chile cumplen sólo con el 38% de los requisitos que impondrá la Ley de Transparencia. La investigadora Bettina Horst señaló que lo más relevante del trabajo es que demostró que el grado de cumplimiento no depende del tamaño del presupuesto de un municipio.

Fuente: El Mercurio, 18 de Abril de 2009

Foto: Emol.cl

Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

¿Por qué los empresarios no tienen incompatiblidad?

Sostiene que hay que terminar con las exclusiones. Por eso el movimiento social tiene que buscar un espacio para conseguir una nueva Constitución. “No hay que seguir parchándola, hay que hacer una nueva. Para eso hay que llegar al Congreso”, afirma.

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Es probable que sea candidato a diputado por el Partido Socialista y está dispuesto a renunciar formalmente a su cargo de presidente de la CUT, pero seguirá participando en la dirección de la multisindical. “Si llego al Parlamento será para representar a los trabajadores”, afirma.

¿Por qué es tan importante para ustedes llegar a ocupar una silla en el Parlamento?

A nosotros no nos cuesta nada renunciar a nuestros cargos y ser candidatos. Incluso en la CUT acordamos que quien sea candidato o elegido mantiene su puesto en el consejo, aunque tenga que renunciar legalmente; eso lo tenemos resuelto. Pero es más importante terminar con las exclusiones, porque al Congreso han llegado empresarios como Fra Fra Errázuriz, Sebastián Piñera o Beltrán Urenda, ¿por qué ellos no tienen incompatibilidad y sí nosotros? Es una cuestión de principios: hay que terminar con las exclusiones que establece la Constitución. El movimiento social tiene que buscar un espacio para conseguir una nueva Constitución, no hay que seguir parchándola, hay que hacer una nueva. Para eso hay que llegar al Congreso.

¿Cómo se siente como vicepresidente del Partido Socialista?

Llegué por casualidad a la vicepresidencia y me siento incómodo, pese a que en el PS se ha puesto el tema laboral y social. Yo demandé al PS que apurara la reforma para terminar con esa parte de la exclusión que deja fuera del Parlamento a los dirigentes sindicales y sociales, no porque creyera que la derecha daría sus votos, sino para que quedara claro que están coludidos con la exclusión, pero el PS no quería porque buscaba un acuerdo. Es cierto que en el PS hay más sensibilidad, pero no me paso películas. El PS está lleno de buenos profesionales y técnicos, pero que ven todo desde ahí. Hace falta debate con el mundo social y es eso lo que trato de hacer. Pero éste no es mi mundo y no estoy muy entusiasmado con seguir.

En estos días, Martínez está de cabeza organizando para el próximo 16 de abril una movilización nacional. Dice que es inevitable que se manifieste el malestar con el ambiente que han creado “los sinvergüenzas” al incrementar los despidos o las rebajas de salarios. Que no se trata sólo de la crisis, sino del aprovechamiento que hacen de ella algunos grandes empresarios. Arturo Martínez está enojado.

A este trabajador gráfico con estudios de economía le indigna que la más alta acumulación de riqueza de los últimos años no se haya repartido. Ganaron, dice, los mismos de siempre, y el resto quedó debajo de la mesa. Ahora estos últimos, además, deben pagar los costos de una crisis de la que no son responsables. A Martínez no le asustan las movilizaciones: estuvo a la cabeza de ellas muchas veces durante la dictadura militar, cuando participó de los primeros esfuerzos de reorganización del mundo sindical, que le costaron cárcel, relegaciones y palos.

¿Para qué es la movilización del 16 de abril?

Hemos definido cuatro objetivos. Primero, hay que pararles los carros a los sinvergüenzas que han despedido a destajo con el argumento de las necesidades de la empresa, que han rebajado salarios y amenazan a la gente. También para que alguien responda por la pérdida de las pensiones y demandar al Gobierno un proyecto para crear un sistema público de seguridad social que compita con las AFP, para que la gente elija. Además queremos pedirles a los candidatos presidenciales y a parlamentarios que se comprometan a impulsar una nueva Constitución y no seguir parchando la que tenemos. Por último también queremos rapidez en los proyectos laborales, queremos un defensor laboral. Un delincuente tiene justicia gratis, el Estado le pone un abogado defensor; el trabajador tiene que pagar el 30% de su salario para contratar un abogado que lo defienda en los tribunales laborales. Hay una injusticia y queremos terminar con los abusos. Vamos a salir a la calle en todas las ciudades. Que toda la gente que está enojada por estos problemas, venga.

¿Cómo están viviendo los trabajadores la crisis?

Preocupados por el clima de despidos. Todo indica que las cosas vienen malas y los trabajadores ven esto como una amenaza, porque conocen a sus patrones. Los empleadores aprovechan este clima para rebajar sueldos, para quitar remuneraciones o para despedir. Los despidos masivos ya están incorporados. Esta crisis es vista como una amenaza, hay preocupación y susto. Pero los despidos no obedecen todos a la crisis.

Aparentemente se están adelantando, son despidos “desacoplados” de los ritmos reales de como la crisis se ha hecho sentir.

Ellos despidieron antes de que empezara la crisis, para ajustar sus planillas y prepararse para cuando tengan que enfrentar problemas. Pero también hay despidos por la formación de sindicatos, que nada tienen que ver con la crisis. Este momento para los trabajadores es muy complejo, porque están asustados ante la posibilidad de perder sus empleos, sobre todo porque la mayoría tiene deudas de hasta seis veces lo que ganan. Un trabajador que pierde su empleo no sólo deja de percibir ingresos, sino también deja de pagar. Y cuando deja de pagar las casas comerciales le caen encima. Y ese es el mayor temor, a que le rematen sus cosas, a que pierdan sus bienes.

La teoría económica dice que si los consumidores dejan de consumir y los deudores de pagar, la economía comienza a detenerse, ¿eso no lo entienden los empresarios?

Eso sucede con las grandes tiendas, que temen la cesación de pagos; por eso también comienzan a despedir. El problema es que la economía actúa sin coordinación, cada empresa adopta sus medidas sin mirar al mercado y hace lo que le conviene. El mercado es una suma de individualidades que busca todo lo que pueda ganar. A los empresarios no les importa la economía, aquí es sálvese quien pueda y que gane el que más especula, porque en tiempos de crisis aparecen los especuladores y los usureros.

¿Cómo funciona eso?

La gente que está desempleada o en Dicom recurre a los mercados informales para conseguir dinero. Pero también sucede con las grandes cadenas que se organizan para especular, como las farmacias o las isapres. Estas últimas, como saben que las investigarán, anunciaron una rebaja en los planes y se están blanqueando. El problema es que estamos llenos de monopolios, no sólo las cadenas de farmacias, también está concentrado el negocio de los supermercados. En el retail son cuatro o cinco grupos, en las AFP hay seis empresas, todas relacionadas entre sí, además de los negocios de los bancos. Todos estos monopolios son especuladores y se las arreglan para ganar también con la crisis. Seguramente ganarán menos, pero los que pagan los costos son los trabajadores y la gente más humilde, que no tiene cómo hacer frente a esto. El Estado, en vez de ir sólo en apoyo a las empresas, tiene que ir en ayuda de la gente.

El Gobierno ha destinado cuatro mil millones de pesos para hacer frente a los problemas y entregó un bono hace poco, ¿le parece insuficiente?

Eso está bien, pero hay hacer otro esfuerzo. El bono de 40 mil pesos, comparado con los subsidios y aportes a la industria salmonera, a las forestales y otras empresas, no es suficiente. Esperamos que los recursos canalizados a través del Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa (Fogape) lleguen efectivamente a la pequeña y mediana empresa, son justo las que más lo necesitan para poder pagar y seguir funcionando. Las que están peor son las que menos tienen acceso a estas ayudas. Hay que eliminar las trabas para que puedan ocupar esas platas. El Gobierno lo he hecho bien, pero tengo la duda sobre si hay que seguir ayudando a las empresas o hay que priorizar por las personas.

La Presidenta Bachelet ha dicho que primero están las personas, ¿cree que eso todavía no se materializa?

Es que las personas que pierden el empleo a los dos meses comienzan a cambiar a sus hijos de colegio, cambian sus hábitos alimentarios y baja todo su nivel de vida. Muchos caen con rapidez bajo la línea de la pobreza. Y los más afectados son los sectores medios, aquellos que se las han arreglado para educar a sus hijos, tener mejor salud y un mejor pasar. Esos sectores no están acostumbrados a estar sin empleo por cuatro o seis meses, sufren mucho. No es suficiente con apoyar a los más pobres, también hay que darles una mano a los sectores medios que están sin trabajo. Falta una política focalizada. Las políticas sociales del Gobierno apuntan a reducir la pobreza y abrir mercados a las pequeñas y medianas empresas, pero no ha habido una política para los sectores medios, que son los que construyen el país y los que con mayor dureza pagan la crisis.

¿Y qué estado de ánimo percibe en estos sectores?

La gente está enojada y no es por la crisis. Lo que pasa es que cuando el país andaba bien, el cobre dejaba excedentes y las grandes mineras ganaron más que el Estado, cuando a las salmoneras, las forestales, el retail, los supermercados, los bancos y a todas las grandes empresas chilenas o transnacionales les fue muy bien, no se repartió nada. Entonces ahora, que las cosas andan mal, los que pagan los costos son los que quedaron debajo de la mesa. Por eso la gente está enojada, sabe de la crisis y sus efectos, pero es por la injusticia de que cuando las cosas andan bien son pocos los que ganan, son los mismos de siempre.

Chile hasta hace un año vivió el período de mayor abundancia de toda su historia y no hubo chorreo. ¿Se trata de un problema estructural?

Claro, este modelo carece de mecanismos de distribución de la riqueza. En el mundo laboral cotidianamente se expresan prácticas antisindicales cuando la gente quiere organizarse. La gente sola no puede enfrentar los problemas. Un mecanismo para distribuir la riqueza es la negociación colectiva, y Chile es el país que tiene menos negociación colectiva. Hay una fuerte asimetría que impide negociar en igualdad. Todo eso hace que no existan mecanismos de distribución, y permite que las grandes empresas se enriquezcan ilícitamente, explotando a los trabajadores. En Chile la seguridad social es costo de los trabajadores, que pagan más de un cuarto de su salario para esto. Y es una seguridad social que no asegura nada. Chile tuvo bonanza económica y no resolvió la desigualdad social. Sólo ganaron los grupos económicos que concentraron la riqueza. Con la crisis, estos tipos tomarán sus capitales y se irán a otro lado, mientras los costos los pagan los que se quedaron siempre debajo de la mesa. Después de la crisis esto no puede seguir.

¿Eso le parece viable, considerando que no se percibe un debate en esa dirección, en el sentido de imaginar un país poscrisis?

Tenemos un problema. Escucho a muchos trabajadores reclamar porque no tienen negociación colectiva o porque no les dejan formar sindicatos, pero a la hora de votar lo hacen por la derecha, la misma que no ha aportado ni un voto para cambiar las cosas, como las leyes laborales. Es muy complejo: reclamo por mis derechos, pero voto por quien me niega mis derechos en el Parlamento.

¿Cómo se explica eso?

Es que la política decayó, la gente no sabe de política y mucha gente pobre vota por la derecha porque le dan un paquete de mercadería, porque llega un “rucio” bien fachado y le vende la pomada. Chile todavía está pagando los costos de 17 años de oscuridad y de un modelo económico que se sostiene en la ignorancia de la gente; la ignorancia permite la explotación. Nuestra sociedad ha retrocedido, no debate sobre proyectos políticos. Antes los partidos educaban a la gente, la organizaban, eran colectivos. Todo eso se perdió. Ahora los partidos incluido el Socialista son personas individuales que sólo buscan el poder. Por ese camino vamos derecho al populismo y a la confrontación social y política. //LND

Fuente: Lanacion.cl, 12 de Abril de 2009.

Foto: http://www.constramet.cl

Menor con leucemia y cáncer testicular. Recurso a favor de R.G.N. (11) fue interpuesto por médico tratante. Progenitora prefiere tratamiento alternativo.

VALDIVIA.- Un recurso de protección interpuesto por la oncóloga tratante, acogido por el Tribunal de Familia local, obliga a Ximena Noa, madre de R.G.N. (11), con leucemia y cáncer testicular, a someterlo a tratamiento de quimioterapia. La mujer prefiere que la enfermedad, diagnosticada el pasado 23 de marzo, sea tratada por médicos naturistas.

A fines de marzo, Ximena Noa, auxiliar de párvulos en Punta Arenas, trasladó a su hijo hasta Valdivia debido a una recaída de leucemia, que el niño padeció en 2005 y que entonces se trató con quimioterapia en el Hospital Clínico de Valdivia. Esta vez se trataba de una inserción testicular del cáncer.

Según explicó el 23 de ese mes, una enfermera le indicó que a su hijo debería extirpársele un testículo y realizarle una biopsia del otro, además de quimioterapia y radiación.

El día 25 el diagnóstico fue oficializado por la doctora Pilar Martínez, quien a petición de la madre dio el alta del niño antes de iniciar el tratamiento.

Como el menor no fue llevado al hospital, y conociendo la doctora Martínez la negativa de la madre a someterlo al tratamiento prescrito, interpuso un recurso de protección ante el Juzgado de Familia de Valdivia.

En él se indica que a la madre “se le informó del diagnóstico, pronóstico y tratamiento”, y su rechazo al tratamiento, “antes tener la opinión de alguien dedicado a la medicina alternativa”.

El documento agrega que “se le explicó que el retraso del tratamiento ensombrece el diagnóstico”, y que podría extender la enfermedad. Debido a ello, el niño debía ser hospitalizado “inmediatamente”, con 100% de posibilidades de fallecer sin tratamiento.

La madre dice no querer ver a su hijo sometido nuevamente a quimioterapia. “Un naturista me dijo que él está sano. Después de la quimio quedó con un problema al corazón”, señaló, y asegura que su hijo “vive feliz”.

“Encuentro injusto lo que hizo la doctora. Dicen que se comunicaron conmigo el día de inicio del tratamiento, y eso no fue así”, afirmó. Anunció que apelará de la sentencia antes de permitir que su hijo sea sometido al tratamiento.

Por NICOLÁS GUTIÉRREZ (el mercurio).

Fuente: El Mercurio, 10 de Abril de 2009.

Foto:  Cristián Cáceres, El Mercurio.

La ausencia de varios diputados causa un vuelco en la votación, que podrá repetirse si lo decide el Gobierno.

El Parlamento francés ha rechazado hoy contra todo pronóstico un proyecto de ley del Gobierno conservador de Nicolas Sarkozy para defender los derechos de autor, según informan los diarios galos. La norma iba a permitir la suspensión de hasta un año de la conexión a Internet de usuarios reincidentes en la descarga ilegal de contenidos audiovisuales.

La mayoría de los diputados de la Asamblea, a mano alzada, ha rechazo el proyecto, que previamente había sido aprobado (y endurecido) por el Senado. La ausencia de numerosos representantes y el hecho de que dos diputados de la mayoritaria UMP (el partido de Sarkozy) hayan votado en contra junto a la izquierda, ha inclinado la balanza: 15 votos a favor, frente a 21 en contra. El resultado ha sido recibido por los diputados de la izquierda puestos en pie entre aplausos.

Los dos diputados que han roto la disciplina de partido lo han hecho, previsiblemente, por el endurecimiento que el Senado introdujo en la norma, con la figura del doble castigo: los internautas reincidentes en la descarga ilegal no solo verían cortado su acceso a Internet por un plazo de hasta un año, sino que también deberían seguir abonando la cuota de conexión todo ese tiempo.

El Ejecutivo podrá pedir que se vuelva a votar la ley en “algunas semanas”, explicó a la emisora France Info el secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Roger Karoutchi. Cuando es rechazado un texto legal que proviene de una comisión mixta paritaria (como es el caso), el Gobierno puede decidir que se realice una nueva votación, aunque el texto debe entonces volver a pasar por las dos cámaras (Senado y Asamblea).

Cómo funciona la norma

Si la ley acaba entrando en vigor tal y como está redactada ahora, los internautas que realicen descargas ilegales de manera continuada recibirán un correo electrónico de aviso de la Alta Autoridad Para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi, en sus siglas en francés), un organismo creado específicamente para aplicar la ley.

Si el usuario continuase con las descargas ilegales, a los seis meses recibirá una carta certificada como segundo aviso. Según el diario Le Parisien, la norma cuenta con un presupuesto capaz de enviar 3.000 cartas certificadas y 10.000 mensajes electrónicos al día y podrá sancionar, también al día, a 1.000 internautas.

La izquierda, que considera la norma ilegal, tenía previsto enviar el texto de la ley al Consejo Constitucional. Los socialistas galos creen que solo un juez puede cortar el acceso de un ciudadano a Internet. También empresas de telecomunicaciones y operadores, se han mostrado contrarios a la ley. Sin embargo, profesionales del mundo de la cultura, cantantes y cineastas, apoyan la norma.

Fuente: Diario El Pais, 9 de Abril de 2009.

Foto: http://www.periodistadigital.com

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A pesar de la oposición de Parlamento Europeo a la Ley de los 3 avisos, el gobierno de Sarkozy ha aprobado este jueves el proyecto de ley de lucha contra la piratería. Un proyecto de ley que nace a partir del extenso informe elaborado por Denis Oliviennes sobre el tráfico de productos culturales en Internet. Este proyecto de ley que propone a una autoridad para penalizar con la suspensión de la conexión a Internet en el caso de detectarse descargas ilegales, después de un proceso de 3 avisos previos (dos correos electrónicos y una carta postal certificada). Por lo tanto HADOPI (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet / alta autoridad de protección de derechos sobre internet) se encargará de monitorear y notificar sobre actividades sospechosas de descargas ilegales.

El 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó un informe donde rechaza (pero no legisla) la ley francesa de los tres avisos o Sarkozy manifestando: “sostener que el analfabetismo digital será el analfabetismo del siglo XXI, considerando que garantizar el acceso a todos sus ciudadanos equivale a garantizar el acceso a la educación a los mismos y manteniendo que un tal acceso no puede ser denegado como castigo por gobiernos o entidades privadas, considerando que este acceso no debería usarse de forma abusiva para actividades ilegales; considerando que se debe prestar atención a cuestiones emergentes tales como la neutralidad de la red, la interoperabilidad, la accesibilidad global de todos los nodos de Internet, y el uso de formatos y estándares abiertos”.

A pesar de esto Francia aplicará su ley aunque esto choque con el Parlamento Europeo, donde por cierto hace poco se votó a favor de una enmienda a las reformas de telecomunicaciones que obligaría a los ISP a buscar una orden judicial antes de desconectar los clientes y que finalmente fue rechazada pero amenazan con presentar una nueva enmienda.

Si estas enmiendas son aprobadas, la innovación (europea), el modelo de crecimiento de Internet, los derechos de los ciudadanos y las libertades fundamentales pueden estar en gran peligro.

En Suecia ya se está aplicando la ley antipiratería desde el pasado 1 de abril que permitirá al titular de los derechos de autor de una obra recurrir a un tribunal para obligar al proveedor de Internet a facilitar los datos personales de una dirección IP que haya compartido archivos con derechos de autor. Esto supone una caída del 50% del tráfico de Internet en Suecia al quedarse sin redes P2P.

Mientras que en España, el gobierno ya ha afirmado “estar estudiando” la adopción de esta Ley Hadopi.

El siguiente anuncio elaborado a partir de un anuncio real de Club Internet, en 1998 pone en manifiesto a Hadopi como el Big Brother (Gran Hermano) de la novela “1984″ de George Orwell, donde se escucha la voz de un mujer francesa diciendo: “Aquellos que quemaron libros estarán tentados a quemar la Internet… Porque la usamos como nuestra mejor herramienta para nuestra propia libertad y cultura”.

[EN] HADOPI : Big Brother is coming to get you ! from yenda+germainpinpin on Vimeo.

El 2 de abril de 2009, a 10:46 PM, legisladores franceses aprueban el proyecto de ley sobre la lucha contra la piratería, con 16 diputados de los 577 que componen la Asamblea Nacional francesa se votó a favor de la aprobación de la Ley Creación e Internet. De esta manera presentan la HADOPI (Artículo 2) que sanciona le delito del “acceso a internet sin securización“, filtran el trafico en Internet (Artículo 5), instalan de manera obligatoria un spyware gubernamental en todas las computadoras francesas (Artículo 6) y el castigo en virtud a estos delitos es de 3 años en prisión y el pago de 300,000 euros.

Fuente: www.fayerwayer.com, 7 de Abril de 2009

Foto: www.rizomatica.net

Países desarrollados piden a Chile fin de indemnizaciones y fortalecer negociación colectiva.

Informe de la Ocde también recomienda subir la edad para empezar a percibir el salario mínimo completo. Medidas apuntan a bajar la desigualdad de ingresos en el país.

Eliminar las indemnizaciones por años de servicio en forma gradual, fortalecer la negociación colectiva y reforzar la nueva normativa de subcontratación son algunas de las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en un informe dado a conocer hoy, que apunta a bajar la desigualdad de ingresos en el país.

A pesar de que Chile no es miembro de este grupo de países desarrollados, sí es uno de los candidatos a entrar al selecto club.

Según este reporte, Chile debe invertir más en empleo y en políticas sociales activas para reducir sus niveles de pobreza y desigualdad en los ingresos.

Con miras a lograr esto es que la Ocde entrega recomendaciones:

- Intensificar los esfuerzos por introducir, reforzar y hacer cumplir la nueva normativa de subcontratación.

- Eliminar gradualmente el actual sistema de indemnizaciones, aumentando al mismo tiempo el esquema dual del seguro de desempleo; y reforzar el componente solidario del sistema de seguro de desempleo, entre otros.

- Considerar la fusión de servicios de empleos municipales con las agencias de empleo nacionales y de capacitación.

- Monitorear la implementación de nueva legislación para promover la negociación colectiva y considerar el desarrollo de organismos de consulta y diálogo entre los sindicatos y los empleadores para mejorar la confianza entre los actores sociales.

- Mejorar la eficacia de las relaciones laborales, promover la negociación sobre otras materias adicionales a salarios; aumentar la eficacia de la Inspección de Trabajo y continuar simplificando el proceso judicial en relación a los juicios laborales.

- Aumentar la edad para empezar a percibir el salario mínimo completo, de 18 a 25 años, y prescribir tasas más bajas (aumentando con la edad) para los trabajadores jóvenes y mayor desarrollo de sistemas de aprendizaje.

- Invertir más en servicios de empleo y en capacitación y en la expansión de las políticas activas de empleo y reforzar la aplicación del sistema de certificación de competencias. Considerar la posibilidad de subcontratar los servicios de empleo y de capacitación con agentes privados.

- Aumentar la eficacia de los subsidios laborales con diseños sencillos pero dirigidos estrictamente a grupos definidos de trabajadores. Para promover la oferta de mano de obra femenina, el diseño de un esquema de subsidios al ingreso laboral debiera estar vinculado al apoyo del cuidado de los hijos.

La Ocde es un organismo internacional que ayuda a los gobiernos a encarar los desafíos económicos, sociales y de gobierno en una economía global.

En la actualidad, este club reúne a los 30 países más industrializados del mundo y juega un rol prominente en fomentar la probidad y el funcionamiento de los servicios públicos y la actividad corporativa.

Fuente: La Tercera.cl, 6 de Abril de 2009.

Foto: http://www.negocios.com

EL NUEVO PLAN LABORAL DE JOSE PIÑERA

En medio de un seminario apareció el antiguo ministro del Trabajo de la dictadura: terminar con la indemnización por años de servicio fue su propuesta estrella. La estrategia del grupo Tantauco: desmarcar a “Tatán”. Aunque los más neoliberales del equipo reconocen que son propuestas “conversables”, eso sí dicen que no serán parte del programa de gobierno. Aquí una mirada a la aparición de Pepe y a la vieja discusión de fondo: ¿Más mercado o más Estado?

Llevaba meses alejado de las intervenciones públicas. La última que se recuerda fue en agosto de 2007, cuando realizó una exposición en Percade, el evento que realiza año a año la Caja de Compensación La Araucana.

Sin embargo, el miércoles 25 de marzo José Piñera, el ideólogo del actual sistema de fondos de pensiones y hermano mayor del candidato presidencial de la Alianza, dejó el silencio.

Y lo hizo en CasaPiedra, el centro de eventos predilecto del empresariado chileno, ante los hombres que manejan grandes porcentajes del PIB nacional.

En una de las mesas estaba Sebastián Piñera, el accionista de D&S Nicolás Ibáñez y el presidente de la hidroeléctrica Colbún y del Banco Bice, Bernardo Matte. Desayunaban frutas frescas, pan de oliva, croissant, medias lunas, café y jugo de naranjas.

Eran casi las nueve de la mañana y el ex ministro del Trabajo de Pinochet realizaba la primera de las intervenciones del seminario “Una mirada clara, una visión de futuro”, organizado por Bice Inversiones.

“Sigo creyendo fuertemente en las posibilidades de Chile”, fueron sus primeras palabras. Había decidido que no fuera una reaparición cualquiera y por eso durante su exposición propuso una nueva reforma laboral, cuyo punto central fue una propuesta que los empresarios aplaudieron, pero que es rechazada de plano por el oficialismo y los trabajadores: eliminar el sistema de indemnizaciones por años de servicio. Su planteamiento apuntaba a fomentar la creación de empleos, reemplazando el esquema de indemnizaciones por un seguro de cesantía fortalecido.

“Significa un enorme obstáculo para la creación de empleo, especialmente, para la pequeña y mediana empresa”, sostuvo el economista, criticando el actual sistema.

No fue la única de sus propuestas. Piñera planteó también suprimir el Estatuto Docente y licitar las escuelas municipales para que pasen a manos de los empresarios; y privatizar como mínimo un 30% de las empresas estatales (ver recuadro).

El accionista de Lan escuchaba atento. Actitud que mantuvo durante la segunda de las intervenciones, la del economista y coordinador económico de los grupos Tantauco el equipo que prepara su programa de gobierno, Felipe Larraín, quien propuso una serie de medidas reactivadoras en la misma dirección.

Frente a cada una de las propuestas, los empresarios asentían. Muchos interpretaron este seminario organizado por el Banco Bice, cuyo directorio preside Bernardo Matte, ex dirigente de RN como la irrupción de José Piñera en la campaña presidencial de su hermano y como un adelanto de las ideas en materia laboral que serán parte del programa de gobierno del presidenciable de la derecha.

De hecho, uno de los cercanos a Piñera no descarta que incluyan en sus propuestas la eliminación por años de servicio. “En todo caso, no es una idea nueva. Se viene promoviendo desde hace mucho tiempo. Incluso varios de los expertos que participaron en la Comisión Meller lo plantearon como una de las ideas más relevantes”, asegura.

La misma fuente sostiene que esta reforma laboral “en ningún caso se puede interpretar como si fueran ideas de Sebastián. Son propuestas de José, que es un hombre muy independiente”. Y otro piñerista agrega que el ex ministro de Pinochet “nunca será el vocero de su hermano. De hecho, profesionalmente compiten entre sí”.

Lo claro es que estos planteamientos fueron un guiño al empresariado, que siempre ha pretendido eliminar las indemnizaciones, sobre todo en períodos de crisis económica.

Y en voz baja algunos profesionales del entorno RN reconocen que este gesto permitió dar una mejor posición a Piñera en el ámbito empresarial. Pero no todos están contentos.

Menos votos

Aunque oficialmente el equipo programático de Piñera o grupo Tantauco parece estar unido bajo cinco coordinadores, algunos integrantes de éste reconocen que hay al menos un par de visiones al interior del equipo.

Una de ellas está liderada por los economistas Felipe Morandé y Felipe Larraín, defensores a ultranza del libre mercado y de la aplicación de medidas de corte neoliberal para enfrentar los efectos de la crisis económica.

Desde el otro lado están los Tantauco boys, ligados al mundo del estudio político y liderados por María Luisa Brahm y su delfín político: José Miguel Izquierdo.

Aunque también defienden el libre mercado, son menos inflexibles y miran con desconfianza la irrupción de José Piñera en la campaña. Pese a que cuidan cada detalle quirúrgicamente para ganar más votos de centro, esta vez las palabras del ex ministro del Trabajo los tomaron por sorpresa, los descolocaron.

“Nos provocó un gran problema. En plena campaña, no nos queremos echar encima a la clase media entera. Lo que nos importa son los votos”, asegura un integrante del grupo de trabajo.

Los políticos del grupo Tantauco saben que la irrupción de Pepe puede ligarse a la propuesta de gobierno del candidato presidencial de la derecha, lo que no es muy conveniente a la hora de contabilizar votos del centro.

Por eso, la estrategia frente a la situación ya está clara: el desmarque. De ahí que los cercanos al inversionista de RN insistan decididamente en impedir cualquier tipo de vínculo entre las ideas de ambos hermanos.

“Es un profundo error relacionar las propuestas de Sebastián con las de su hermano y jamás propondremos eso en una campaña porque perderíamos votos de centro que es donde queremos crecer”, asegura enfático uno de los Tantauco boys.

El desmarque de posiciones fundamentalistas es una táctica que ya se venía implementando en el círculo de Piñera desde la polémica sobre el aborto terapéutico.

Y, en materia económica, cobró importancia en medio de la cruzada neoliberal de algunos sectores empresariales que han planteado rebajar los impuestos que deben pagar las empresas y dar urgencia a un plan para flexibilizar el mercado del trabajo.

Una discusión sin fin

Pese a que la irrupción de José Piñera en medio de la campaña fue sorpresiva para buena parte de los asesores del candidato de la Alianza, su paquete laboral no causó sorpresa alguna en los círculos políticos.

Después de todo, el hermano mayor del accionista de Lan vino a reflotar los viejos principios de la derecha: mayor flexibilidad en el mercado laboral y menor intervención del Estado.

Antiguas banderas de lucha de los defensores a ultranza del sistema neoliberal, que traen a la mesa una eterna discusión: ¿Más mercado o más Estado?

“Los sectores más recalcitrantes siempre van a plantear bajar los impuestos, esté la economía en alza o en baja. Con la flexibilidad laboral, lo mismo. Aún cuando ésta sea extrema en Chile.

¿La empresa tiene alguna traba para despedir a alguien?, ninguna”, asegura el economista y director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), Hugo Fazio. Esta opinión es compartida por los círculos oficialistas.

“Junto con la flexibilidad laboral, lo que preferiría la gente de la Alianza y algunos sectores empresariales es reducir la recolección tributaria por parte del Estado, porque eso obliga a reducir el tamaño del Estado”, explica el economista, Luis Escobar de Chile 21, think tank vinculado al laguismo.

En la derecha, en cambio y aunque algunos busquen desmarcarse de José Piñera-, basta con indagar un poco para ver que existe adhesión a las propuestas del ex ministro.

“Sería muy bueno que hubiera mayor flexibilidad laboral, pero con esta ministra del Trabajo es muy difícil. Ella cree que fortalecer los sindicatos ayuda, nosotros no. La agenda de la ministra no ayuda a enfrentar los efectos de la crisis, sino que los empeora”, asegura Tomás Flores, economista del Instituto Libertad y Desarrollo, centro de estudios vinculado a la UDI.

En el Gobierno la apuesta está por fortalecer la estrategia de generación de empleo. La Presidenta Michelle Bachelet continuará sus giras a nivel nacional fiscalizando, de primera mano, la aplicación de los programas de empleo hasta el último rincón del país, a fin de mitigar los efectos de la crisis.

La opción gubernamental estuvo marcada por el bono especial de cuarenta mil pesos por carga familiar, la mayor inversión pública y el subsidio al trabajo para jóvenes trabajadores.

Las últimas medidas, orientadas a ampliar la oferta de crédito para las personas y pymes, se inscriben la misma lógica: el Estado debe estar al lado de los más vulnerables.

“Los estudios internacionales demuestran que la transferencia directa de ingresos a la gente: seguros de desempleo, apoyo a grupos más vulnerables, inversión pública o privada, es el tipo de medidas adecuado”, asegura Luis Escobar de Chile 21.

Sin embargo, el desempeño gubernamental en materia de generación de empleo también provoca algunas críticas. Algunos economistas, por ejemplo, sostienen que sólo se toman medidas parciales y no se han tratado las cuestiones de fondo en torno al mercado laboral.

“La modificación que le hicieron al seguro de cesantía ayuda, pero no enfrenta el problema de fondo. El Estado no asume su responsabilidad frente a la cesantía porque el mecanismo sigue funcionando en base a lo que las personas acumulan y el aporte fiscal no es acorde a la magnitud del problema”, enfatiza Fazio, que agrega que algo similar sucede en materia previsional.

Pese a que hay opiniones encontradas sobre cómo enfrentar los efectos de la crisis, al interior del mundo progresista hay claridad en que el mercado no es la mejor forma de enfrentarla. A diferencia de la derecha, se plantea que el Estado es el único capaz de enfrentar una crisis de esta magnitud.

“En una situación de crisis el mercado no funciona, incluso en países que han sido fuertemente neoliberales no ha dado buenos resultados. El recetario neoliberal se fue a las pailas, salvo el esfuerzo que está haciendo el secretario del Tesoro de EEUU, que creo que va a fracasar”, replica Fazio.

Fuente: La nación.cl, 5 de Abril de 2009.

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